La activista denunció con firmeza que la iniciativa en cuestión representa un grave riesgo para la laicidad del Estado, una simulación de participación ciudadana y, sobre todo, una manipulación de menores de edad con fines políticos. En su intervención, subrayó que los intereses religiosos no pueden —ni deben— dictar el rumbo de las decisiones legislativas, pues las leyes deben construirse desde el debate racional y el respeto a los derechos humanos, no desde dogmas inamovibles. “No se trata de prohibir creencias”, aclaró, “sino de garantizar que las políticas públicas se diseñen bajo principios de laicidad y equidad, como siempre hemos defendido”.

Su preocupación más aguda, sin embargo, se centró en el papel que juegan las estructuras eclesiásticas en la presión sobre los congresos. “Cuando una organización parroquial coordina campañas masivas de cartas para influir en votaciones legislativas, ya no hablamos de opiniones individuales”, advirtió. “Estamos ante una injerencia organizada, un intento de imponer agendas desde fuera de las instituciones democráticas”. La activista recordó que, en un Estado laico, las decisiones deben tomarse con base en el interés colectivo y no bajo la sombra de presiones externas, por más legítimas que estas puedan parecer para algunos sectores.

Pero el punto que generó mayor indignación fue el uso de menores de edad en estas estrategias de presión. “Es inaceptable que se instrumentalice a niños y adolescentes para firmar cartas que respalden causas políticas o religiosas”, afirmó. “No solo se vulnera su derecho a una infancia libre de manipulaciones, sino que se atenta contra el principio del interés superior de la niñez, que debería ser prioridad en cualquier sociedad”. La activista cuestionó la ética de quienes promueven estas prácticas, señalando que, lejos de fomentar una participación genuina, convierten a los menores en herramientas de una lucha que no les corresponde.

El llamado fue claro: las instituciones deben blindarse contra cualquier intento de subordinar las leyes a intereses particulares, ya sean religiosos, económicos o de cualquier otra índole. “La democracia no se construye con presiones, sino con argumentos, con diálogo y, sobre todo, con respeto a los principios que nos definen como sociedad”, concluyó. Su mensaje resonó como un recordatorio de que la laicidad no es un concepto abstracto, sino un pilar fundamental para garantizar que las decisiones públicas respondan al bien común y no a las agendas de unos cuantos.